Sintonía fina, criminalización de la protesta y movimiento obrero

Sintonía fina, criminalización de la protesta y movimiento obrero

El enfrentamiento entre Moyano y el gobierno ha cambiado el escenario político nacional. El líder de la CGT que intentó mantener disciplinado al movimiento obrero durante todos estos años al servicio del modelo “nacional y popular” hoy se encuentra de la “vereda de enfrente”. Claro que no hay que ser muy lúcido para darse cuenta que Moyano no lo hace por los trabajadores, sino por fortalecer su posición en la interna de la CGT y en la del peronismo.

De todas formas, lo que queda en evidencia nuevamente y a los ojos de millones es que para el gobierno su enemigo es el movimiento obrero.

Ya lo había demostrado todos estos años reprimiendo a la vanguardia obrera y popular que al calor de la recomposición de la clase obrera fue gestando lo que hoy se conoce como el sindicalismo de base y agrupa a miles y miles de obreros y obreras que se enfrentan a la burocracia y las patronales y cuyos principales referentes son Kraft, Zanón, Subte, entre otros.

Era ya claro cuando tenemos más de 5000 procesados por luchar, cuando en los discursos de Cristina y sus secuaces se ataca el derecho a huelga, los cortes de calle, y hasta los propios reclamos de los trabajadores. La sintonía fina, que no es mas que el comienzo de ajustes para los trabajadores y el pueblo como el tope a las paritarias, necesita hacer también sintonía fina en la persecución y criminalización de la protesta social. La votación de la ley antiterrorista va en ese camino.

Los últimos días mostraron, por si a alguno le quedaba dudas, que ese camino ha sido ratificado en un claro mensaje para el movimiento obrero y popular: los K no tienen tapujos en utilizar las fuerzas represivas y el código penal para “defender el modelo”.

En la huelga de camioneros nuevamente enviaron a la gendarmería, la misma del Proyecto X, a amedrentar los piquetes y la lucha de los trabajadores. Es la fuerza predilecta de Cristina, Berni y Garré, mostrando que su Seguridad Democrática no es más que maquillajes a una política de criminalización y represión.

Pero también han recurrido nuevamente al código penal para judicializar una demanda laboral. La denuncia presentada por el Ministro Randazzo acusa a los camioneros con los artículos:

Art. 149 Bis.- Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a uno o mas personas. En este caso la pena será de uno a tres años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas.

    Será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer, o tolerar algo contra su voluntad.

Art. 149 ter.- En el caso del último apartado del artículo anterior, la pena será:

    1º. de tres a seis años de prisión o reclusión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas;

    2º. de cinco a diez años de prisión o reclusión en lo siguientes casos:

        a) si las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos;

        b) si las amenazas tuvieren como propósito el de compeler a una persona a hacer abandono del país, de una provincia o de los lugares de su residencia habitual o de trabajo.

Art. 194.- El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años.

Cabe aclarar que estos artículos tienen duplicadas sus penas por la ley antiterrorista. ¿No era que esta ley no iba a ser usada contra los trabajadores?

Estos artículos que tipifican la coacción agravada (acá puede verse su origen en el último gobierno peronista a pedido de la Triple A http://www.pts.org.ar/spip.php?article9332)   y el corte de ruta o entorpecimiento de servicios públicos han sido históricamente utilizados por los gobiernos para procesar a los que salimos a luchar.  Son los que se le imputan a los trabajadores de Kraft, a los ceramistas de Zanón, los de Mafissa y a miles de luchadores.

Por otro lado pretende aplicarse la ley de  abastecimiento; pero esta ley está dirigida a las empresas que nieguen la distribución o la entorpezcan. El Ministro Randazzo pretende extender el uso de esta ley contra los trabajadores en un claro intento de coartar el derecho a huelga.

Somos bien claros. Nos oponemos a cualquier intromisión del derecho penal en las luchas obreras y populares. Su utilización solo tiene como fin amedrentar y perseguir a quienes nos organizamos para luchar. La huelga, los cortes de calle, las movilizaciones, las tomas de fábrica no son una extorsión, es un derecho básico y elemental, y nuestra principal medida de lucha para enfrentar los planes de las patronales y el gobierno.

Pretender que la huelga no tenga el fin de la obtención de alguna medida por parte de los poderes públicos, como osa decir Randazzo y Cristina, es un discurso cínico que esconde su verdadero objetivo de debilitar las medidas de lucha de la clase obrera.

La respuesta del gobierno sigue siendo “con el código penal en la mano” y decirnos que es un delito que hagamos una huelga o cortemos una calle para que los “poderes públicos” eliminen el impuesto al salario, o como es uno de los casos de los obreros de Kraft y Pepsico por exigir justicia  por el asesinato de Mariano Ferreyra.

No nos van a amedrentar. Una gran oportunidad para el sindicalismo de base y los revolucionarios

Todos estos años también han demostrado que los trabajadores, estudiantes y sectores populares no se han amedrentado por la persecución, espionaje y represión. El sindicalismo de base y la juventud se fueron forjando enfrentando la criminalización de la protesta social, al gobierno, la burocracia y las patronales.

Hay una situación política nacional donde los planes del gobierno quedan más claros; donde la disputa de la sintonía fina ya empieza a verse a nivel de masas que es entre el gobierno y las patronales contra el movimiento obrero; donde la acción directa, la huelga y la movilización como métodos históricos de lucha están en primera plana a la vista de millones.

Que la burocracia de Moyano y sus aliados (que posiblemente tenga también como aliado a Micheli) se posicionen como opositores y estén obligados a llamar a medidas de lucha es una excelente oportunidad para que miles de obreros tomen confianza y  quieran salir a luchar abriendo  la puerta para superar en las calles, en las asambleas  y en los lugares de trabajo a las direcciones burocráticas.

Pero el programa, por mas que sea correcto es insuficiente, por eso marchamos con nuestras consignas: -Derogación del impuesto al salario; Asignaciones familiares para todos los trabajadores; Paritarias sin techo; Salario igual a la canasta familiar; indexado con la inflación; Pago en término de salarios y del medio aguinaldo; Por el fin de las tercerizaciones y el trabajo precario; Ni despidos ni suspensiones. Que la crisis la paguen los capitalistas.

El sindicalismo de base, la juventud y la izquierda revolucionaria tienen un rol central que jugar. La Conferencia Obrera del 8 de Julio que se propone construir una fuerza político sindical que no solo pelee por la demanda de un sector de los trabajadores, sino por el conjunto, uniendo a los precarizados, en  negro, en blanco, inmigrantes, desocupados junto a la juventud contra los planes del gobierno y las patronales, encarna las bases para la disputa de la dirección del movimiento obrero a las burocracias sindicales.

Enrique (Derecho UBA)

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