Reforma del Código Penal: Todo Preso es Político

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL: TODO PRESO ES POLÍTICO

Resulta “divertido” escuchar a León Arslanian, ex juez federal, decir que “casi no conoce gente que cumpla una pena larga en la cárcel”. Esto es, seguramente, porque las cárceles están atestadas (bajo condiciones de hacinamiento) de pobres y marginados, que no llegaron al reparto de la nueva torta de los años de crecimiento económico de la mano del reformismo kirchnerista.

León Arslanian, junto a Raúl Eugenio Zaffaroni, miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; los diputados Ricardo Gil Lavedra (UCR) y Federico Pinedo (PRO), además de la ex diputada María Elena Barbagelata (del actual FAP), integran la Comisión que se encargará de revisar el Código Penal de la Nación para formular (o generar o no sé) un proyecto de reforma que será presentado en el Congreso, estimado para el año que viene. Esta Comisión fue pensada para que en la reforma quedaran representadas distintas voces y de distintos “orígenes” políticos, cuando en realidad, desde la derecha del PRO y la UCR hasta el binnerismo sojero, y claro, pasando por el kirchnerismo, no hay otros intereses representados que no sean los de la burguesía.

Contexto de crisis (se viene el estallido)

La primera reflexión que nos surge es por qué no prosperó esta idea en el 2004 (anterior intento de reforma) y ahora sí. En esa época, la crisis institucional abierta con el proceso que llevó a las Jornadas Revolucionarias del 19 y 20 de diciembre de 2001 estaba más fresca. En la última década, el kirchnerismo ha venido jugando un rol crecientemente restaurador: de la figura presidencial, de la justicia, de las FF.AA. y de seguridad… en fin, de todas las instituciones del régimen que quedaron en jaque en el 2001. En este sentido, la reforma planteada es la “sintonía fina” de la restauración del régimen en el ámbito del Derecho. Pero no es cualquier restauración.

No es casual que la crisis internacional del sistema capitalista produzca en el gobierno el interés por reformar el Código Penal. Entendemos que actualmente se forma un marco de fin de ciclo kirchnerista por falta de caja (que se refleja en ajustes contra el pueblo trabajador y el techo a las paritarias, entre otras cosas), además de la posible caída de las potencias económicas del mundo. Frente a este panorama, es necesario para el gobierno adelantarse un paso a un marco en el que surjan conflictos obreros y populares que cuestionen por izquierda al régimen, a través de la modificación del sistema legal, que regula el marco de la sociedad capitalista. Desde nuestro punto de vista, esta reforma no va a disminuir de ningún modo la criminalización de la pobreza y de la protesta social, ya que en primer lugar habría que acabar con el aparato represivo del Estado (según el régimen, “fuerzas de seguridad”) que está a la cabeza de el gran crimen organizado, como son el narcotráfico, las redes de trata y prostitución, los desarmaderos y demás negociados, aportando así al desarrollo de importantes sectores de la burguesía que construyen su poder a través de los mismos, lo cual demuestra la relación directa existente entre la policía y los capitalistas.

La libertad es fiebre

Aunque se supone que la Comisión está formada por “garantistas”, la reforma no se la va a jugar a ningún tema importante y por eso está… Federico Pinedo para frenarles la mano. Entre esos temas podemos ver algunos como:
– Ley antiterrorista: con la nueva ley sancionada a fines del año pasado por órdenes al Ejecutivo provenientes del GAFI (Grupo de acción financiera contra el lavado de dinero), a partir de ahora cualquier delito “cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de alguna organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo” tendrá tanto los mínimos como los máximos de las penas duplicados. Esto significa que si los trabajadores de la educación van a huelga, para pelear por un salario digno, el Estado podría enmarcar este accionar dentro de la ley antiterrorista. De hecho, esta ley ya se ha tratado de aplicar con los ambientalistas de Famatina que cortaban rutas contra la contaminación minera. La aprobación de esta ley representa claramente el alineamiento del gobierno nacional al imperialismo norteamericano y la subordinación frente a económicos manejados por esos países, como vimos durante los 90 con el FMI.
– Art. 194: Este es el artículo por el cual se procesa a los luchadores por cortar calles o rutas. En principio las penas en el Código Penal van de 3 meses a dos años. Pero ahora, si se combina la pena por el art. 194 con la ley antiterrorista, las penas irían de 6 meses a 4 años, con lo cual todos aquellos que sean penados por arriba de los 3 años tendrán que cumplir con la pena sin la posibilidad de la excarcelación. De este modo, a todos aquellos que el Estado quiera perseguir por una lucha y un corte, puede darles más de 3 años de pena y se deberán cumplir a menos que el juez otorgue prisión preventiva y el procesado (perseguido) pase bastante tiempo en la cárcel como para poder no cumplirla. Debido a la aplicación de este artículo, varios trabajadores de la fábrica Kraft-Terrabusi están hoy procesados por los cortes de la Panamericana hechos en el 2009 en repudio a los 160 despidos con que la patronal yanqui quería amedrentarlos. Las causas fueron armadas por la Gendarmería Nacional por medio de infiltración y espionaje en los cortes, marchas, actos, y hasta en la propia casa de delegados de la Comisión Interna, utilizando el Proyecto X, cuya base se encuentra en el emblemático ex-centro de detención Campo de Mayo, aún hoy cueva del Ejército y la Gendarmería.
– Prisión preventiva: Si la criminalización en las calles se encarga de seleccionar a aquellos que las clases dominantes quieren mantener a raya para poder oprimir mejor, la prisión preventiva es el método que utilizan los jueces para continuar el trabajo de la policía y otras agencias, como los medios de comunicación, que forman la “típica imagen del delincuente”. Zaffaroni sostiene que el rol de los jueces es contener el sistema punitivo utilizando el derecho penal, pero al mismo tiempo dice que las cárceles argentinas están atestadas de pobres y marginados de los cuales la mayoría se encuentra bajo prisión preventiva. O Zaffaroni no entiende la realidad, o esa es su idea de derecho penal y la tarea que los jueces deberían cumplir (aunque nosotros tampoco la compartimos).
– Drogas: La Ley 23.737 (ley especial, que con la reforma del Código debería ser incluida), es increíblemente ridícula. Uno puede caer preso hasta por REGALAR UN PORRO, porque las penas van de 6 meses a 3 años en ese caso. No se puede cultivar ni vender semillas. Tiene penas altísimas, con lo cual se puede penar más a aquel que tenga estupefacientes encima que aquel que cometa un homicidio culposo, con la suposición de que uno es traficante. Además, si la cantidad que uno tiene es escasa, un juez puede decidir que se someta al procesado a dos años de rehabilitación y si no se ven resultados suficientes, puede hacer cumplir la pena. Es posiblemente una de las leyes más retrógradas de la Argentina, tanto por su privación de la libertad como por las penas inauditas que contiene. Aunque en los últimos años, la Corte Suprema y el Gobierno tratan de posar de “progres” diciendo que no hay que perseguir a los “perejiles” y dejando que las causas caigan con el tiempo, la Policía sigue persiguiendo a los jóvenes, parándolos en la calle porque se les da la gana, plantando drogas como “pruebas” de delitos, y asediando a la juventud más pobre con miles de casos de gatillo fácil.
– Aborto: Bueno, como ya se dijo, este tema no se va a tratar para la reforma del Código Penal, aunque si se hiciera, esa Comisión no iba a despenalizar el aborto de ninguna manera. Así se prohíbe el derecho de todas las mujeres que quieren poder decidir sobre su cuerpo y se deja de lado la cuestión de clase del asunto: las mujeres de familias “bien” se pagan un cirujano y una clínica privada, las familias plebeyas tienen la única opción de hacerlo clandestinamente provocando así carnicerías que terminan con la muerte de cientos de mujeres por año en nuestro país. En este sentido nosotros luchamos por educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto libre, legal, seguro y gratuito para no morir, realizado en hospitales públicos.

Estos son sólo algunos temas polémicos que la Comisión seguramente decida mantener igual o incrementar las penas, pero no hay chances de que se retroceda y se otorguen mayores libertades tanto a quienes luchan por sus derechos como a quienes quieren decidir sobre sus cuerpos y sus vidas. Esto es así porque en momentos en que vemos cómo la juventud y los trabajadores de distintas partes del planeta se levantan por sus derechos, el gobierno, previendo que estos levantamientos se desarrollen también en Argentina, afila sus armas y su poder (jurídico) de fuego para perseguir y criminalizar más y mejor. Ante el cuestionamiento a este orden social, es una necesidad para la clase dominante fortalecer el poder de fuego del aparato represivo y endurecer las leyes.

El gobierno K pasó del “desacople” al “blindaje” (y dicen que los marxistas somos marcianos), y ahora dice que “el mundo se nos viene encima”, como forma de justificar futuros ataques a las masas obreras y populares. Ésta es la naturaleza de clase y el objetivo estratégico de la tan mentada reforma al Código Penal.

Hay un siempre para la batalla 

Desde nuestra concepción, las legislaciones penales son una de las armas con las que cuenta la burguesía para mantenerse en el poder explotando y oprimiendo a los trabajadores, los jóvenes y el pueblo pobre, ya que es a través de ellas que legitima sus acciones represivas. No hay leyes que tengan tan marcada la cuestión de clase como las leyes penales, que se complementan con la policía persiguiendo pobres y pibes que en muchos casos son inocentes y los levantan por portación de cara, y si roban es en realidad porque este sistema podrido no sólo no les ofrece futuro sino que no les ofrece otro presente que salir a juntar cartones y quedarse en el molde. También los medios masivos de comunicación (claramente burgueses) cumplen un rol importante al definir a quién se tiene que perseguir y por qué, como cuando levantaban a Blumberg y sus marchas pidiendo mano dura al tun tun, a troche y moche.

Siempre el derecho es funcional a la clase dominante, que lo baja a la realidad a través de sus fuerzas de seguridad y es por esto que nosotros salimos a luchar conjuntamente en defensa de todos los sectores oprimidos de la sociedad, para cortar de raíz este sistema que llega al punto de ser inhumano. Peleamos para terminar con las desigualdades, con la explotación del hombre por el hombre, con las discriminaciones, con el hambre, con la muerte, con la dominación. Queremos que se terminen las cárceles atestadas de pobres por robar dos giladas mientras los burgueses, patrones, empresarios (que se roban la riqueza producida por el pueblo trabajador), si al cometer algún delito tienen la posibilidad de arreglarlo con guita en un escritorio. Frente a esto, nosotros apostamos a la formación de una corriente estudiantil revolucionaria que se proponga salir a las calles de la mano de los trabajadores como fue en el Cordobazo (máxima expresión de la unidad obrero-estudiantil de nuestro país), que ponga un freno al avance de la burguesía por sobre las conquistas del pueblo y a los procesamientos y juicios a los que luchan defendiendo sus derechos (que ya superan los 5000); que pretenda terminar con un sistema legal de clase que no hace más que legitimar la dominación de la clase burguesa, que cuestione al régimen burgués y al Estado forjados sobre la explotación de la clase trabajadora.
Mientras el Estado se prepara para descargar la crisis sobre los trabajadores, los estudiantes y el pueblo pobre, endureciendo las leyes y llenando de gendarmes y policías los barrios, en ninguna parte del mundo es considerado un delito que una minoría de parásitos capitalistas se lleve miles de millones a costa de la explotación de la mayoría de la sociedad, quedándose con la mayor parte de la riqueza producida por los trabajadores, eso que cínicamente se llama “ganancia” (plusvalía).
Mariano y Patricio (Derecho UBA)

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3 comentarios

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3 Respuestas a “Reforma del Código Penal: Todo Preso es Político

  1. Anónimo

    Compañeros me parece una buena nota conceptualmente, pero creo que el kirchnerismo tiene un objetivo mas de derecha aun, y en ese sentido se podria hacer una critica mas dura. En esta nota del Ambito Financiero, Cristina plantea mas bien distanciarse del garantismo y apunta a un discurso mas clasico del tipo mano dura: “En la segunda mitad, la charla ganó en afabilidad y se preguntaron al salir los participantes si la comisión necesitaba en realidad un vigilante antigarantista como Pinedo si del lado oficialista hubo expresiones más bien críticas a esa doctrina. A la propia Presidente se le escuchó decir: «Habrá que dar garantías a los delincuentes pero más importante es proteger a la gente». Tomó por esa línea Zaffaroni, quien dijo: «En la reforma hay que asegurar que estén guardados los proclives a delinquir». «Los peligrosos», pudieron retrucarle. Se encresparon todos, «entre penalistas nunca se habla de peligrosos», admitió toda la mesa.”

    • Marian

      Rafa, me parece que en la nota está planteado que la reforma responde a un giro a derecha por parte del gobierno, necesario de cara a una crisis internacional y a problemas del gobierno que pueden llevar a cierta inestabilidad, y que es por eso necesario adelantarse para legitimarse un mayor ataque a los movimientos que se opongan a los ajustes que se vienen aplicando.
      Y de paso te pregunto si la nota te parece “blanda” y dónde “endurecerías” la nota.
      Digo, también se plantea (en un plano más general), el derecho como herramienta de un Estado que parte de la dominación de la burguesía, etc.

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