La UNLP se suma a “la inseguridad”

La UNLP se suma a “la inseguridad”.

Como venimos planteando en los post anteriores, la película de la inseguridad cada vez es vista por más espectadores, en este caso, las autoridades de la Universidad de La Plata.

Las leyes Kirchneristas, por supuesto, les dan el pie perfecto para “aplicar el derecho”, pero claro, un derecho de otra clase.

Desde los sectores más reaccionarios, que hacen acuerdos con el Servicio Penitenciario  y la Policía Bonaerense, hasta los “progres” que pretenden aplicar una “seguridad democrática” (¿?), todos están pensando en tomar medidas contra la “delincuencia” en las facultades platenses. Hasta algunas conducciones de los centros de estudiantes, como la Franja Morada, van de la mano de las autoridades.

A las cámaras de seguridad, que nos vigilan hace unos años, ahora se suman las actas de la guardia edilicia, en donde constan, todos nuestros movimientos. Características físicas, nombres de las agrupaciones, carteles, horarios, etc.. todo es apuntado para que el decano pueda asegurarse de que “no se estén cometiendo delitos”.

Los chicos que van a pedir una moneda, no pueden entrar, y muy educada por la policía bonaerense, la guardia edilicia echa a los niños (con gorra, morochitos…).

Hace unas semanas nos encontramos movilizados para defender a un estudiante del Albergue Universitario que había sido sancionado por organizarse junto a sus compañeros. Las autoridades de la UNLP pretendían echarlo, a través de un “proceso” que constaba en citar al joven con posterioridad a notificarle que estaba fuera del albergue. Con pruebas truchas, y sin ninguna validez jurídica, le hicieron una especie de “juicio” donde un abogado de la Universidad lo “acusaba”. Obviamente, que se olvidaron de respetar alguna que otra garantía constitucional, mínimamente el Art. 18, y ni que hablar de la violación de la privacidad del Art. 19 cuando revisaban las pertenencias de los estudiantes para “recaudar evidencias”.

Finalmente no fue echado del albergue, a partir de movilizaciones de los estudiantes, la única manera de dar respuesta a estos ataques de las autoridades.

Pero la película sigue, ante los sectores pobres o aquellos que nos organizamos, cae el peso de la ley. Este discurso, difundido por los medios, no pretende nada más que un enfrentamiento de pobres contra pobres, para poder ocultar los grandes crímenes, organizados por el mismo Estado. Quieren generar un clima de pánico, ante cualquier “sospechoso” se llama a la policía… Y bueno, las leyes están para legitimar al “modelo nacional y popular”.

Veamos un ejemplo: Según el Código Penal, a la hora de individualizar la pena, es decir, qué condena le corresponde a una persona dentro de la escala que establece la ley, el juez debe tener en cuenta una serie de requisitos. La naturaleza de la acción, los medios empleados para ejecutarla, la extensión del daño causado y… (art. 41 inc. 2) La edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos, la participación que haya tomado en el hecho, las reincidencias en que hubiera incurrido y los demás antecedentes y condiciones personales, así como los vínculos personales, la calidad de las personas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad (el subrayado es nuestro).

Una herramienta muy clara para los intereses de la burguesía, un concepto tan ambiguo que permite meter preso a cualquier “peligroso” que el juez considere, los años que considere. Lo mismo vemos con la Ley Antiterrorista, y con muchas otras figuras de donde se puede agarrar el Estado, siempre para atacar a un sector concreto: los trabajadores y el pueblo pobre.

Y somos los  jóvenes los más expuestos a estas prácticas. Además de ser explotados en el trabajo, de no tener un acceso real y masivo a la educación, nos reprimen cotidianamente en los barrios con cacheos, palizas, detenciones y gatillo fácil. En la Universidad ahora nos convertimos en sospechosos por militar, organizarnos o simplemente por “portación de cara”.

Bien sabemos que violan nuestros derechos con el fin de disciplinar  y controlar al movimiento estudiantil. Hacen todo esto por que defienden el enorme negocio de la “educación pública”, con los miles de pesos que generan los posgrados pagos, con los convenios con el capital privado y empresas extranjeras, con el negocio de las pasantías y el trabajo precario que garantiza la universidad al Estado bajo el amparo de las leyes menemistas vigentes de  la LES y la CONEAU. Pretenden tener mayor legitimidad cuando las papas quemen y los estudiantes y trabajadores de la universidad nos movilicemos.

Más que nada nosotros, como estudiantes y trabajadores  debemos repudiar y organizarnos contra la política de vigilancia y persecución que están llevando a cabo los radicales y kirchneristas en la universidad.

Celina (Derecho UNLP)

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