Poder punitivo del Estado y su maldita policía

Poder punitivo del Estado y su maldita policía

Lautaro Bugatto, 20 años, jugaba en las inferiores de Banfield: asesinado en Burzaco por un policía de la maldita bonaerense.

David Benítez, policía asesino: declara la historia de tantas veces “estaba persiguiendo delincuentes”.

Cada 24 horas escuchamos la misma historia y el gatillo fácil se cobra una nueva víctima, la mayoría son jóvenes de menos de 25 años.

Las balas de la policía matan a su gusto en las calles, en las comisarías, en las canchas, en los recitales, en los boliches, en nuestros barrios. Esa misma policía que maneja las redes de trata, los desarmaderos de autos, el negocio del narcotráfico. La que nos detiene por nuestras caras, por nuestra forma de vestir, por nuestros gustos. La misma que desapareció a Julio López y Luciano Arruga.

Hipocresía e Interna K

Este nuevo asesinato, como los asesinatos en las unidades  penales bonaerense, se da en el marco de una interna en la provincia de Buenos Aires entre los Cristinistas y Scioli (que aspira a ser presidenciable para el 2015). La hipocresía es tan cínica que podemos ver a Garré, Mariotto y legisladores Cristinistas denunciando a Casal por el accionar de la policía, pidiendo que se investigue el hecho. Pero no menos hipócrita es que Scioli salga a decir que es un “asesinato”, como si no tuviese nada que ver…

Pero lo cierto es que tanto Cristinistas como Sciolistas militarizan los barrios con la policía y la gendarmería. ¿O acaso esa no fue la respuesta de Scioli frente a los vecinos de Quilmes y Merlo que reclamaban ayuda por los daños del temporal? ¿O no es la Ministra Garré quien llenó de gendarmes los barrios de la zona Sur de la Ciudad de Buenos Aires?

Y lo que vemos venir, cada vez con más fuerza, es mas hipocresía y más sangre derramada a cargo de la policía bonaerense (con 9000 efectivos que vienen de la dictadura), el aparato pegotista de los “barones del conurbano” y la disputa entre las camarillas del gobierno por la sucesión de Cristina.

No existe una “seguridad democrática”

Pero la Ministra Garré va más allá, y mientras sigue sin desmantelar la base de espionaje ilegal de Proyecto X, aprovecha a mover las piezas en su enfrentamiento con Casal para decir que hace falta tener una política de “seguridad democrática”, como por ejemplo que los policías “no estén armados cuando no estén de servicio”.

Esa sería una medida elemental básica. Pero por más cursos de derechos humanos, por más civiles que la conduzcan, por menos horas en que puedan utilizar el arma para matar, no hay reforma posible para una institución que está creada y diseñada para reprimir.

Decirnos que se puede democratizar a las fuerzas represivas que están manchadas con la sangre de miles de muertos, que frente a cada lucha obrera y popular salen a reprimir, que persiguen a los pibes en los barrios y que lleva adelante cuanto negociado encuentre no es más que un cinismo equiparable a decirnos que con bajar un cuadro se termina la impunidad.

¿Acaso nos dicen que cuando vamos a ver una banda, o un partido de fútbol o cuando salimos a luchar por nuestros derechos nos van a tratar “democráticamente”? ¿Es el Proyecto X parte de esta “seguridad democrática”? ¿Es acaso que el 80% de los presos no tenga condena firme y aún así estén privados de su libertad? ¿Es acaso que la gran mayoría de los presos provengan del pueblo trabajador por ser “ladrones de gallina”, mientras que a los vaciadores del país como Repsol se los indemniza con miles de millones de pesos? ¿O por qué son tan rápidos para detener un pibe y no para los responsables de la masacre de Once? En la jerga…ladrones de guante blanco.

Derecho de Otra Clase y el poder punitivo del Estado

Los voceros de esta seguridad democrática como Garré o la integrante del FAP de Binner, Victoria Donda, pretenden de esta forma legitimar el poder punitivo del Estado y seguramente utilizarán los sinónimos de “errores y excesos” cuando haya apremios ilegales, torturas, gatillo fácil o represión.

Zaffaroni por su parte nos habla de que hay que reducir el poder punitivo del Estado, porque no soluciona nada (aunque no tiene tapujos en ser el Presidente de la reaccionaria CSJN, y sostener que hay que bajar la edad de imputabilidad). Es verdad, son los más reaccionarios los que siguen sosteniendo que con mano dura y penas más fuertes puede reducirse el “delito”.

Pero Zaffaroni se queda corto, porque hay que rechazar de cuajo el poder punitivo del Estado. Porque, el Derecho, como institución de un Estado de Clase, también es de Clase. Por tomar solo un caso: si una persona roba $200 de un almacén tiene tres tipos penales en los que encuadra su “conducta”: hurto si es sin violencia, robo si es con violencia o robo calificado si utiliza un arma; en cambio para la quiebra fraudulenta o el lavado de dinero hay una sola figura penal garantizando la impunidad y si falta tan solo uno de los elementos del tipo penal, no se configurar el delito.

Ni hablar de las leyes Blumberg que este gobierno votó, o de la nueva ley antiterrorista, que merecen un análisis aparte.

O sino, veamos el caso del artículo 194 del Código Penal (corte de ruta y obstrucción de la vía pública). Es un artículo pura y exclusivamente utilizado para criminalizar la protesta social. Cuando hay una movilización, que reclama por el cese de la contaminación minera, o denuncia despidos por poner ejemplos, los jueces utilizan este artículo para criminalizar. ¿O acaso alguien piensa que puede utilizarse contra el negocio de las carreras de autos? ¿O simplemente cuando un conductor detiene su vehículo en medio de la avenida porque siente un desperfecto en su auto? Claramente sería ridículo culpar al conductor, pero es claramente intencional culpar a los manifestantes para intentar (sin lograrlo claro) que desistan de su lucha.

Pero no se preocupen, seguro que ahora con la reforma del código penal de los K esto cambia….(je).

“Basta de reformas, la estructura esta podrida”

No son pocos los intereses del gobierno de legitimar “democráticamente” a las fuerzas policiales y la gendarmería que cuentan con decenas de miles de uniformados y se ocupan de todas las tareas de represión. Es la “fuerza” que intentará sostener la gobernabilidad. Los militares tuvieron que dejar de ser utilizados para esta tarea tras el sentimiento de rechazo que quedó después de la dictadura militar. (Aunque si hay algo que han intentado los K en estos años es reconciliarnos).

Para encontrar una respuesta a esto, vamos al marxismo. Es una necesidad para la “seguridad” del pueblo trabajador y la juventud la disolución de las fuerzas represivas. No hay “democratización” posible sobre una institución cuya naturaleza es ejercer el control social mediante la fuerza. Como decía Engels, en última instancia el Estado es un “destacamento de hombres armados”. Por eso nuestra lucha contra la impunidad, la represión y el gatillo fácil, es parte de la lucha contra este Estado de las clases dominantes, garantes de la opresión y explotación.

Enrique (Derecho UBA) y Celina (Derecho UNLP)

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