Cristina ya eligió… otro genocida en el gobierno

La reciente designación del genocida César Milani, como jefe del ejército, ese mismo que reprimió la lucha de la clase obrera, estudiantil y militante de nuestro pasado reciente, es un avance más hacia un proceso de reconciliación nacional con las FF AA, que vienen ensayando distintos gobiernos desde el retorno de la democracia.

Milani, especialista en inteligencia militar, participó del operativo “Independencia” perpetrado en Tucumán 1975 y formó parte del Batallón 601, operaciones de inteligencia programadas para destruir la organización de obreros y estudiantes a través de la sangrienta dictadura que hundió a los años setenta en el más sangriento capítulo de la historia. Asimismo, este represor siendo subteniente del Batallón de Ingenieros 141 con asiento en La Rioja, con fecha 29 de junio de 1976, donde estaba en actividad dicho batallón, actuó como “oficial informante” de la supuesta deserción del soldado Alberto Ledo. La firma de Milani en un documento oficial del Ejército, de cuya autenticidad no puede dudarse, se convierte en el dato más relevante sobre la implicancia del actual jefe del Ejército en la desaparición de Ledo, sumado a la carga de la prueba siempre puesta por los testimonios de sobrevivientes y familiares.

Si queda alguna duda de que la política oficial recae en un slogan de que “en la vida hay que elegir”, Cristina Kirchner ya eligió a un milico de la dictadura para alinear la tropa, esta situación se manifiesta con el discurso de la propia presidenta en que afirma el conocimiento de las pruebas incriminatorias y sin embargo lo ascendieron dos veces. Esta designación no resulta casual, ya que este genocida además es un especialista en tareas de inteligencia, lo que denota  la necesidad de profundizar las prácticas de espionaje con las que somos perseguidas las organizaciones populares cotidianamente, como lo realizan desde hace años con el Proyecto X y otros mecanismos ilegales.

Pero entró en crisis algo más grande que el ascenso de Milani, se destapó como se hicieron los ascensos de militares todos estos años. Algo que desde el CeProDH veníamos denunciando, como el caso del Almirante Godoy, genocida que actuó en el centro clandestino de detención de la Base Naval de Mar del Plata, desde diciembre de 1975 al año 1984. El 6 de junio de 2003, Néstor Kirchner lo nombra Jefe del Estado Mayor General de la Armada, ese mismo año se conoció el espionaje que continuaban haciendo los miembros de la Armada sobre activistas políticos, sindicales y profesores, desde la Base Almirante Zar en Trelew, donde se encontraba implicado el nombrado almirante y siendo este hecho el detonante de su pase a retiro en el 2011.

La complicidad trasciende al propio kirchnerismo; alcanza al resto de la casta de políticos que tuvieron una banca en el Senado durante todos estos años, entre ellos podemos nombrar al macrismo que no hace mucho designó al “fino Palacios” como Jefe de Policía, o la UCR el partido de la Obediencia Debida y el Punto Final.

La denuncia de este hecho aberrante es utilizado por los medios de comunicación para postularse en una mejor posición frente a las masas, como es el hecho del grupo Clarín y particularmente Lanata como vocero. Estos son los grupos empresarios que en los 70 ocultaban información y actuaban en coordinación con los genocidas.

Mas allá de los políticos y empresarios representante s de los intereses patronales, encontramos organismos de derechos humanos como el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) subordinados al gobierno, el cual dirige el periodista oficialista Horacio Verbitsky, que primero legitimó el ascenso del militar para luego dar un giro de 180º el mismo día que se iba a tratar en el Senado impugnando la designación por haber recabado “información que vincula a Milani con crímenes de lesa humanidad”. Sin embargo el sector progre K que entró en una suerte de esquizofrenia frente a este giro, ni siquiera admitió abiertamente lo que ya es un hecho; que Milani formó parte del Batallòn 601 y que bajo su responsabilidad desapareció Ledo, solamente se puso a esperar lo que dictamine la justicia, sin intenciones de jugar ningún rol en la denuncia. Esta es la modalidad con la cual se manejan los organismos de derechos humanos dependientes del Estado en la “década ganada”.

En todo el aparato estatal hay miles de genocidas que ocupan altos mandos y la Presidenta quiere que el pueblo trabajador se reconcilie con ellos pero reconciliación significa IMPUNIDAD y nosotros no permitiremos que ello ocurra. La designación de Milani no sólo prepara a las fuerzas armadas para profundizar el espionaje ilegal, la persecución y criminalización de la protesta, sino que también alienta un clima de impunidad a los genocidas; la semana pasada con la fuga del Hospital Militar de dos militares ya condenados por la justicia y en estos días con el intercambio epistolar entre Cecilia Pando y la respuesta del Papa Francisco I – Bergoglio con afirmaciones tales como “una sociedad más justa puede nacer sólo de corazones reconciliados con Dios y con la historia”, que “comparte el dolor y la preocupación de tantas familias con seres queridos detenidos” y que “pide a Dios que el pueblo argentino” avance por “las sendas de la concordia y la reconciliación no sólo van en consonancia con el rol cumplido por la Iglesia Católica en Argentina durante la dictadura, sino que se suma a alentar la impunidad y reconciliación con los genocidas.

Repudiamos a todas las organizaciones que justifican y tapan el accionar de este gobierno. Rechazamos la designación de Milani como Ministro de Seguridad de la Nación, ya que está demostrada su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura que llevó a cabo un Exigimos la apertura de todos los archivos del Estado, esos que el gobierno (como sus antecesores) se niega a abrir. Archivos que sólo aparecen parcialmente cuando por disputas políticas, se tiran carpetazos de la SIDE. Archivos que se siguen robusteciendo con las políticas gubernamentales con información para criminalizar aun más la protesta social.
genocidio en nuestro país

Desde el CeProDH, encabezando la lucha con Myriam Bregman (abogada integrante del CeProDH, abogada querellante de Julio López) exigimos el juicio y castigo a todos los responsables tanto civiles como militares de la dictadura! Te invitamos a acercarte y formar parte del CeProDH para organizarnos estudiantes, abogados y víctimas de la violencia estatal, de manera independiente del Estado y con el objetivo de defender los derechos y luchas de los trabajadores y sectores populares, y la defensa de los derechos humanos.

 

CeProDH – UBA

Anuncios

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

Sintonía fina, criminalización de la protesta y movimiento obrero

Sintonía fina, criminalización de la protesta y movimiento obrero

El enfrentamiento entre Moyano y el gobierno ha cambiado el escenario político nacional. El líder de la CGT que intentó mantener disciplinado al movimiento obrero durante todos estos años al servicio del modelo “nacional y popular” hoy se encuentra de la “vereda de enfrente”. Claro que no hay que ser muy lúcido para darse cuenta que Moyano no lo hace por los trabajadores, sino por fortalecer su posición en la interna de la CGT y en la del peronismo.

De todas formas, lo que queda en evidencia nuevamente y a los ojos de millones es que para el gobierno su enemigo es el movimiento obrero.

Ya lo había demostrado todos estos años reprimiendo a la vanguardia obrera y popular que al calor de la recomposición de la clase obrera fue gestando lo que hoy se conoce como el sindicalismo de base y agrupa a miles y miles de obreros y obreras que se enfrentan a la burocracia y las patronales y cuyos principales referentes son Kraft, Zanón, Subte, entre otros.

Era ya claro cuando tenemos más de 5000 procesados por luchar, cuando en los discursos de Cristina y sus secuaces se ataca el derecho a huelga, los cortes de calle, y hasta los propios reclamos de los trabajadores. La sintonía fina, que no es mas que el comienzo de ajustes para los trabajadores y el pueblo como el tope a las paritarias, necesita hacer también sintonía fina en la persecución y criminalización de la protesta social. La votación de la ley antiterrorista va en ese camino.

Los últimos días mostraron, por si a alguno le quedaba dudas, que ese camino ha sido ratificado en un claro mensaje para el movimiento obrero y popular: los K no tienen tapujos en utilizar las fuerzas represivas y el código penal para “defender el modelo”.

En la huelga de camioneros nuevamente enviaron a la gendarmería, la misma del Proyecto X, a amedrentar los piquetes y la lucha de los trabajadores. Es la fuerza predilecta de Cristina, Berni y Garré, mostrando que su Seguridad Democrática no es más que maquillajes a una política de criminalización y represión.

Pero también han recurrido nuevamente al código penal para judicializar una demanda laboral. La denuncia presentada por el Ministro Randazzo acusa a los camioneros con los artículos:

Art. 149 Bis.- Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a uno o mas personas. En este caso la pena será de uno a tres años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas.

    Será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer, o tolerar algo contra su voluntad.

Art. 149 ter.- En el caso del último apartado del artículo anterior, la pena será:

    1º. de tres a seis años de prisión o reclusión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas;

    2º. de cinco a diez años de prisión o reclusión en lo siguientes casos:

        a) si las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos;

        b) si las amenazas tuvieren como propósito el de compeler a una persona a hacer abandono del país, de una provincia o de los lugares de su residencia habitual o de trabajo.

Art. 194.- El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años.

Cabe aclarar que estos artículos tienen duplicadas sus penas por la ley antiterrorista. ¿No era que esta ley no iba a ser usada contra los trabajadores?

Estos artículos que tipifican la coacción agravada (acá puede verse su origen en el último gobierno peronista a pedido de la Triple A http://www.pts.org.ar/spip.php?article9332)   y el corte de ruta o entorpecimiento de servicios públicos han sido históricamente utilizados por los gobiernos para procesar a los que salimos a luchar.  Son los que se le imputan a los trabajadores de Kraft, a los ceramistas de Zanón, los de Mafissa y a miles de luchadores.

Por otro lado pretende aplicarse la ley de  abastecimiento; pero esta ley está dirigida a las empresas que nieguen la distribución o la entorpezcan. El Ministro Randazzo pretende extender el uso de esta ley contra los trabajadores en un claro intento de coartar el derecho a huelga.

Somos bien claros. Nos oponemos a cualquier intromisión del derecho penal en las luchas obreras y populares. Su utilización solo tiene como fin amedrentar y perseguir a quienes nos organizamos para luchar. La huelga, los cortes de calle, las movilizaciones, las tomas de fábrica no son una extorsión, es un derecho básico y elemental, y nuestra principal medida de lucha para enfrentar los planes de las patronales y el gobierno.

Pretender que la huelga no tenga el fin de la obtención de alguna medida por parte de los poderes públicos, como osa decir Randazzo y Cristina, es un discurso cínico que esconde su verdadero objetivo de debilitar las medidas de lucha de la clase obrera.

La respuesta del gobierno sigue siendo “con el código penal en la mano” y decirnos que es un delito que hagamos una huelga o cortemos una calle para que los “poderes públicos” eliminen el impuesto al salario, o como es uno de los casos de los obreros de Kraft y Pepsico por exigir justicia  por el asesinato de Mariano Ferreyra.

No nos van a amedrentar. Una gran oportunidad para el sindicalismo de base y los revolucionarios

Todos estos años también han demostrado que los trabajadores, estudiantes y sectores populares no se han amedrentado por la persecución, espionaje y represión. El sindicalismo de base y la juventud se fueron forjando enfrentando la criminalización de la protesta social, al gobierno, la burocracia y las patronales.

Hay una situación política nacional donde los planes del gobierno quedan más claros; donde la disputa de la sintonía fina ya empieza a verse a nivel de masas que es entre el gobierno y las patronales contra el movimiento obrero; donde la acción directa, la huelga y la movilización como métodos históricos de lucha están en primera plana a la vista de millones.

Que la burocracia de Moyano y sus aliados (que posiblemente tenga también como aliado a Micheli) se posicionen como opositores y estén obligados a llamar a medidas de lucha es una excelente oportunidad para que miles de obreros tomen confianza y  quieran salir a luchar abriendo  la puerta para superar en las calles, en las asambleas  y en los lugares de trabajo a las direcciones burocráticas.

Pero el programa, por mas que sea correcto es insuficiente, por eso marchamos con nuestras consignas: -Derogación del impuesto al salario; Asignaciones familiares para todos los trabajadores; Paritarias sin techo; Salario igual a la canasta familiar; indexado con la inflación; Pago en término de salarios y del medio aguinaldo; Por el fin de las tercerizaciones y el trabajo precario; Ni despidos ni suspensiones. Que la crisis la paguen los capitalistas.

El sindicalismo de base, la juventud y la izquierda revolucionaria tienen un rol central que jugar. La Conferencia Obrera del 8 de Julio que se propone construir una fuerza político sindical que no solo pelee por la demanda de un sector de los trabajadores, sino por el conjunto, uniendo a los precarizados, en  negro, en blanco, inmigrantes, desocupados junto a la juventud contra los planes del gobierno y las patronales, encarna las bases para la disputa de la dirección del movimiento obrero a las burocracias sindicales.

Enrique (Derecho UBA)

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

Reforma del Código Penal: Todo Preso es Político

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL: TODO PRESO ES POLÍTICO

Resulta “divertido” escuchar a León Arslanian, ex juez federal, decir que “casi no conoce gente que cumpla una pena larga en la cárcel”. Esto es, seguramente, porque las cárceles están atestadas (bajo condiciones de hacinamiento) de pobres y marginados, que no llegaron al reparto de la nueva torta de los años de crecimiento económico de la mano del reformismo kirchnerista.

León Arslanian, junto a Raúl Eugenio Zaffaroni, miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; los diputados Ricardo Gil Lavedra (UCR) y Federico Pinedo (PRO), además de la ex diputada María Elena Barbagelata (del actual FAP), integran la Comisión que se encargará de revisar el Código Penal de la Nación para formular (o generar o no sé) un proyecto de reforma que será presentado en el Congreso, estimado para el año que viene. Esta Comisión fue pensada para que en la reforma quedaran representadas distintas voces y de distintos “orígenes” políticos, cuando en realidad, desde la derecha del PRO y la UCR hasta el binnerismo sojero, y claro, pasando por el kirchnerismo, no hay otros intereses representados que no sean los de la burguesía.

Contexto de crisis (se viene el estallido)

La primera reflexión que nos surge es por qué no prosperó esta idea en el 2004 (anterior intento de reforma) y ahora sí. En esa época, la crisis institucional abierta con el proceso que llevó a las Jornadas Revolucionarias del 19 y 20 de diciembre de 2001 estaba más fresca. En la última década, el kirchnerismo ha venido jugando un rol crecientemente restaurador: de la figura presidencial, de la justicia, de las FF.AA. y de seguridad… en fin, de todas las instituciones del régimen que quedaron en jaque en el 2001. En este sentido, la reforma planteada es la “sintonía fina” de la restauración del régimen en el ámbito del Derecho. Pero no es cualquier restauración.

No es casual que la crisis internacional del sistema capitalista produzca en el gobierno el interés por reformar el Código Penal. Entendemos que actualmente se forma un marco de fin de ciclo kirchnerista por falta de caja (que se refleja en ajustes contra el pueblo trabajador y el techo a las paritarias, entre otras cosas), además de la posible caída de las potencias económicas del mundo. Frente a este panorama, es necesario para el gobierno adelantarse un paso a un marco en el que surjan conflictos obreros y populares que cuestionen por izquierda al régimen, a través de la modificación del sistema legal, que regula el marco de la sociedad capitalista. Desde nuestro punto de vista, esta reforma no va a disminuir de ningún modo la criminalización de la pobreza y de la protesta social, ya que en primer lugar habría que acabar con el aparato represivo del Estado (según el régimen, “fuerzas de seguridad”) que está a la cabeza de el gran crimen organizado, como son el narcotráfico, las redes de trata y prostitución, los desarmaderos y demás negociados, aportando así al desarrollo de importantes sectores de la burguesía que construyen su poder a través de los mismos, lo cual demuestra la relación directa existente entre la policía y los capitalistas.

La libertad es fiebre

Aunque se supone que la Comisión está formada por “garantistas”, la reforma no se la va a jugar a ningún tema importante y por eso está… Federico Pinedo para frenarles la mano. Entre esos temas podemos ver algunos como:
– Ley antiterrorista: con la nueva ley sancionada a fines del año pasado por órdenes al Ejecutivo provenientes del GAFI (Grupo de acción financiera contra el lavado de dinero), a partir de ahora cualquier delito “cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de alguna organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo” tendrá tanto los mínimos como los máximos de las penas duplicados. Esto significa que si los trabajadores de la educación van a huelga, para pelear por un salario digno, el Estado podría enmarcar este accionar dentro de la ley antiterrorista. De hecho, esta ley ya se ha tratado de aplicar con los ambientalistas de Famatina que cortaban rutas contra la contaminación minera. La aprobación de esta ley representa claramente el alineamiento del gobierno nacional al imperialismo norteamericano y la subordinación frente a económicos manejados por esos países, como vimos durante los 90 con el FMI.
– Art. 194: Este es el artículo por el cual se procesa a los luchadores por cortar calles o rutas. En principio las penas en el Código Penal van de 3 meses a dos años. Pero ahora, si se combina la pena por el art. 194 con la ley antiterrorista, las penas irían de 6 meses a 4 años, con lo cual todos aquellos que sean penados por arriba de los 3 años tendrán que cumplir con la pena sin la posibilidad de la excarcelación. De este modo, a todos aquellos que el Estado quiera perseguir por una lucha y un corte, puede darles más de 3 años de pena y se deberán cumplir a menos que el juez otorgue prisión preventiva y el procesado (perseguido) pase bastante tiempo en la cárcel como para poder no cumplirla. Debido a la aplicación de este artículo, varios trabajadores de la fábrica Kraft-Terrabusi están hoy procesados por los cortes de la Panamericana hechos en el 2009 en repudio a los 160 despidos con que la patronal yanqui quería amedrentarlos. Las causas fueron armadas por la Gendarmería Nacional por medio de infiltración y espionaje en los cortes, marchas, actos, y hasta en la propia casa de delegados de la Comisión Interna, utilizando el Proyecto X, cuya base se encuentra en el emblemático ex-centro de detención Campo de Mayo, aún hoy cueva del Ejército y la Gendarmería.
– Prisión preventiva: Si la criminalización en las calles se encarga de seleccionar a aquellos que las clases dominantes quieren mantener a raya para poder oprimir mejor, la prisión preventiva es el método que utilizan los jueces para continuar el trabajo de la policía y otras agencias, como los medios de comunicación, que forman la “típica imagen del delincuente”. Zaffaroni sostiene que el rol de los jueces es contener el sistema punitivo utilizando el derecho penal, pero al mismo tiempo dice que las cárceles argentinas están atestadas de pobres y marginados de los cuales la mayoría se encuentra bajo prisión preventiva. O Zaffaroni no entiende la realidad, o esa es su idea de derecho penal y la tarea que los jueces deberían cumplir (aunque nosotros tampoco la compartimos).
– Drogas: La Ley 23.737 (ley especial, que con la reforma del Código debería ser incluida), es increíblemente ridícula. Uno puede caer preso hasta por REGALAR UN PORRO, porque las penas van de 6 meses a 3 años en ese caso. No se puede cultivar ni vender semillas. Tiene penas altísimas, con lo cual se puede penar más a aquel que tenga estupefacientes encima que aquel que cometa un homicidio culposo, con la suposición de que uno es traficante. Además, si la cantidad que uno tiene es escasa, un juez puede decidir que se someta al procesado a dos años de rehabilitación y si no se ven resultados suficientes, puede hacer cumplir la pena. Es posiblemente una de las leyes más retrógradas de la Argentina, tanto por su privación de la libertad como por las penas inauditas que contiene. Aunque en los últimos años, la Corte Suprema y el Gobierno tratan de posar de “progres” diciendo que no hay que perseguir a los “perejiles” y dejando que las causas caigan con el tiempo, la Policía sigue persiguiendo a los jóvenes, parándolos en la calle porque se les da la gana, plantando drogas como “pruebas” de delitos, y asediando a la juventud más pobre con miles de casos de gatillo fácil.
– Aborto: Bueno, como ya se dijo, este tema no se va a tratar para la reforma del Código Penal, aunque si se hiciera, esa Comisión no iba a despenalizar el aborto de ninguna manera. Así se prohíbe el derecho de todas las mujeres que quieren poder decidir sobre su cuerpo y se deja de lado la cuestión de clase del asunto: las mujeres de familias “bien” se pagan un cirujano y una clínica privada, las familias plebeyas tienen la única opción de hacerlo clandestinamente provocando así carnicerías que terminan con la muerte de cientos de mujeres por año en nuestro país. En este sentido nosotros luchamos por educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto libre, legal, seguro y gratuito para no morir, realizado en hospitales públicos.

Estos son sólo algunos temas polémicos que la Comisión seguramente decida mantener igual o incrementar las penas, pero no hay chances de que se retroceda y se otorguen mayores libertades tanto a quienes luchan por sus derechos como a quienes quieren decidir sobre sus cuerpos y sus vidas. Esto es así porque en momentos en que vemos cómo la juventud y los trabajadores de distintas partes del planeta se levantan por sus derechos, el gobierno, previendo que estos levantamientos se desarrollen también en Argentina, afila sus armas y su poder (jurídico) de fuego para perseguir y criminalizar más y mejor. Ante el cuestionamiento a este orden social, es una necesidad para la clase dominante fortalecer el poder de fuego del aparato represivo y endurecer las leyes.

El gobierno K pasó del “desacople” al “blindaje” (y dicen que los marxistas somos marcianos), y ahora dice que “el mundo se nos viene encima”, como forma de justificar futuros ataques a las masas obreras y populares. Ésta es la naturaleza de clase y el objetivo estratégico de la tan mentada reforma al Código Penal.

Hay un siempre para la batalla 

Desde nuestra concepción, las legislaciones penales son una de las armas con las que cuenta la burguesía para mantenerse en el poder explotando y oprimiendo a los trabajadores, los jóvenes y el pueblo pobre, ya que es a través de ellas que legitima sus acciones represivas. No hay leyes que tengan tan marcada la cuestión de clase como las leyes penales, que se complementan con la policía persiguiendo pobres y pibes que en muchos casos son inocentes y los levantan por portación de cara, y si roban es en realidad porque este sistema podrido no sólo no les ofrece futuro sino que no les ofrece otro presente que salir a juntar cartones y quedarse en el molde. También los medios masivos de comunicación (claramente burgueses) cumplen un rol importante al definir a quién se tiene que perseguir y por qué, como cuando levantaban a Blumberg y sus marchas pidiendo mano dura al tun tun, a troche y moche.

Siempre el derecho es funcional a la clase dominante, que lo baja a la realidad a través de sus fuerzas de seguridad y es por esto que nosotros salimos a luchar conjuntamente en defensa de todos los sectores oprimidos de la sociedad, para cortar de raíz este sistema que llega al punto de ser inhumano. Peleamos para terminar con las desigualdades, con la explotación del hombre por el hombre, con las discriminaciones, con el hambre, con la muerte, con la dominación. Queremos que se terminen las cárceles atestadas de pobres por robar dos giladas mientras los burgueses, patrones, empresarios (que se roban la riqueza producida por el pueblo trabajador), si al cometer algún delito tienen la posibilidad de arreglarlo con guita en un escritorio. Frente a esto, nosotros apostamos a la formación de una corriente estudiantil revolucionaria que se proponga salir a las calles de la mano de los trabajadores como fue en el Cordobazo (máxima expresión de la unidad obrero-estudiantil de nuestro país), que ponga un freno al avance de la burguesía por sobre las conquistas del pueblo y a los procesamientos y juicios a los que luchan defendiendo sus derechos (que ya superan los 5000); que pretenda terminar con un sistema legal de clase que no hace más que legitimar la dominación de la clase burguesa, que cuestione al régimen burgués y al Estado forjados sobre la explotación de la clase trabajadora.
Mientras el Estado se prepara para descargar la crisis sobre los trabajadores, los estudiantes y el pueblo pobre, endureciendo las leyes y llenando de gendarmes y policías los barrios, en ninguna parte del mundo es considerado un delito que una minoría de parásitos capitalistas se lleve miles de millones a costa de la explotación de la mayoría de la sociedad, quedándose con la mayor parte de la riqueza producida por los trabajadores, eso que cínicamente se llama “ganancia” (plusvalía).
Mariano y Patricio (Derecho UBA)

3 comentarios

Archivado bajo Uncategorized

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

La UNLP se suma a “la inseguridad”

La UNLP se suma a “la inseguridad”.

Como venimos planteando en los post anteriores, la película de la inseguridad cada vez es vista por más espectadores, en este caso, las autoridades de la Universidad de La Plata.

Las leyes Kirchneristas, por supuesto, les dan el pie perfecto para “aplicar el derecho”, pero claro, un derecho de otra clase.

Desde los sectores más reaccionarios, que hacen acuerdos con el Servicio Penitenciario  y la Policía Bonaerense, hasta los “progres” que pretenden aplicar una “seguridad democrática” (¿?), todos están pensando en tomar medidas contra la “delincuencia” en las facultades platenses. Hasta algunas conducciones de los centros de estudiantes, como la Franja Morada, van de la mano de las autoridades.

A las cámaras de seguridad, que nos vigilan hace unos años, ahora se suman las actas de la guardia edilicia, en donde constan, todos nuestros movimientos. Características físicas, nombres de las agrupaciones, carteles, horarios, etc.. todo es apuntado para que el decano pueda asegurarse de que “no se estén cometiendo delitos”.

Los chicos que van a pedir una moneda, no pueden entrar, y muy educada por la policía bonaerense, la guardia edilicia echa a los niños (con gorra, morochitos…).

Hace unas semanas nos encontramos movilizados para defender a un estudiante del Albergue Universitario que había sido sancionado por organizarse junto a sus compañeros. Las autoridades de la UNLP pretendían echarlo, a través de un “proceso” que constaba en citar al joven con posterioridad a notificarle que estaba fuera del albergue. Con pruebas truchas, y sin ninguna validez jurídica, le hicieron una especie de “juicio” donde un abogado de la Universidad lo “acusaba”. Obviamente, que se olvidaron de respetar alguna que otra garantía constitucional, mínimamente el Art. 18, y ni que hablar de la violación de la privacidad del Art. 19 cuando revisaban las pertenencias de los estudiantes para “recaudar evidencias”.

Finalmente no fue echado del albergue, a partir de movilizaciones de los estudiantes, la única manera de dar respuesta a estos ataques de las autoridades.

Pero la película sigue, ante los sectores pobres o aquellos que nos organizamos, cae el peso de la ley. Este discurso, difundido por los medios, no pretende nada más que un enfrentamiento de pobres contra pobres, para poder ocultar los grandes crímenes, organizados por el mismo Estado. Quieren generar un clima de pánico, ante cualquier “sospechoso” se llama a la policía… Y bueno, las leyes están para legitimar al “modelo nacional y popular”.

Veamos un ejemplo: Según el Código Penal, a la hora de individualizar la pena, es decir, qué condena le corresponde a una persona dentro de la escala que establece la ley, el juez debe tener en cuenta una serie de requisitos. La naturaleza de la acción, los medios empleados para ejecutarla, la extensión del daño causado y… (art. 41 inc. 2) La edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos, la participación que haya tomado en el hecho, las reincidencias en que hubiera incurrido y los demás antecedentes y condiciones personales, así como los vínculos personales, la calidad de las personas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad (el subrayado es nuestro).

Una herramienta muy clara para los intereses de la burguesía, un concepto tan ambiguo que permite meter preso a cualquier “peligroso” que el juez considere, los años que considere. Lo mismo vemos con la Ley Antiterrorista, y con muchas otras figuras de donde se puede agarrar el Estado, siempre para atacar a un sector concreto: los trabajadores y el pueblo pobre.

Y somos los  jóvenes los más expuestos a estas prácticas. Además de ser explotados en el trabajo, de no tener un acceso real y masivo a la educación, nos reprimen cotidianamente en los barrios con cacheos, palizas, detenciones y gatillo fácil. En la Universidad ahora nos convertimos en sospechosos por militar, organizarnos o simplemente por “portación de cara”.

Bien sabemos que violan nuestros derechos con el fin de disciplinar  y controlar al movimiento estudiantil. Hacen todo esto por que defienden el enorme negocio de la “educación pública”, con los miles de pesos que generan los posgrados pagos, con los convenios con el capital privado y empresas extranjeras, con el negocio de las pasantías y el trabajo precario que garantiza la universidad al Estado bajo el amparo de las leyes menemistas vigentes de  la LES y la CONEAU. Pretenden tener mayor legitimidad cuando las papas quemen y los estudiantes y trabajadores de la universidad nos movilicemos.

Más que nada nosotros, como estudiantes y trabajadores  debemos repudiar y organizarnos contra la política de vigilancia y persecución que están llevando a cabo los radicales y kirchneristas en la universidad.

Celina (Derecho UNLP)

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

Poder punitivo del Estado y su maldita policía

Poder punitivo del Estado y su maldita policía

Lautaro Bugatto, 20 años, jugaba en las inferiores de Banfield: asesinado en Burzaco por un policía de la maldita bonaerense.

David Benítez, policía asesino: declara la historia de tantas veces “estaba persiguiendo delincuentes”.

Cada 24 horas escuchamos la misma historia y el gatillo fácil se cobra una nueva víctima, la mayoría son jóvenes de menos de 25 años.

Las balas de la policía matan a su gusto en las calles, en las comisarías, en las canchas, en los recitales, en los boliches, en nuestros barrios. Esa misma policía que maneja las redes de trata, los desarmaderos de autos, el negocio del narcotráfico. La que nos detiene por nuestras caras, por nuestra forma de vestir, por nuestros gustos. La misma que desapareció a Julio López y Luciano Arruga.

Hipocresía e Interna K

Este nuevo asesinato, como los asesinatos en las unidades  penales bonaerense, se da en el marco de una interna en la provincia de Buenos Aires entre los Cristinistas y Scioli (que aspira a ser presidenciable para el 2015). La hipocresía es tan cínica que podemos ver a Garré, Mariotto y legisladores Cristinistas denunciando a Casal por el accionar de la policía, pidiendo que se investigue el hecho. Pero no menos hipócrita es que Scioli salga a decir que es un “asesinato”, como si no tuviese nada que ver…

Pero lo cierto es que tanto Cristinistas como Sciolistas militarizan los barrios con la policía y la gendarmería. ¿O acaso esa no fue la respuesta de Scioli frente a los vecinos de Quilmes y Merlo que reclamaban ayuda por los daños del temporal? ¿O no es la Ministra Garré quien llenó de gendarmes los barrios de la zona Sur de la Ciudad de Buenos Aires?

Y lo que vemos venir, cada vez con más fuerza, es mas hipocresía y más sangre derramada a cargo de la policía bonaerense (con 9000 efectivos que vienen de la dictadura), el aparato pegotista de los “barones del conurbano” y la disputa entre las camarillas del gobierno por la sucesión de Cristina.

No existe una “seguridad democrática”

Pero la Ministra Garré va más allá, y mientras sigue sin desmantelar la base de espionaje ilegal de Proyecto X, aprovecha a mover las piezas en su enfrentamiento con Casal para decir que hace falta tener una política de “seguridad democrática”, como por ejemplo que los policías “no estén armados cuando no estén de servicio”.

Esa sería una medida elemental básica. Pero por más cursos de derechos humanos, por más civiles que la conduzcan, por menos horas en que puedan utilizar el arma para matar, no hay reforma posible para una institución que está creada y diseñada para reprimir.

Decirnos que se puede democratizar a las fuerzas represivas que están manchadas con la sangre de miles de muertos, que frente a cada lucha obrera y popular salen a reprimir, que persiguen a los pibes en los barrios y que lleva adelante cuanto negociado encuentre no es más que un cinismo equiparable a decirnos que con bajar un cuadro se termina la impunidad.

¿Acaso nos dicen que cuando vamos a ver una banda, o un partido de fútbol o cuando salimos a luchar por nuestros derechos nos van a tratar “democráticamente”? ¿Es el Proyecto X parte de esta “seguridad democrática”? ¿Es acaso que el 80% de los presos no tenga condena firme y aún así estén privados de su libertad? ¿Es acaso que la gran mayoría de los presos provengan del pueblo trabajador por ser “ladrones de gallina”, mientras que a los vaciadores del país como Repsol se los indemniza con miles de millones de pesos? ¿O por qué son tan rápidos para detener un pibe y no para los responsables de la masacre de Once? En la jerga…ladrones de guante blanco.

Derecho de Otra Clase y el poder punitivo del Estado

Los voceros de esta seguridad democrática como Garré o la integrante del FAP de Binner, Victoria Donda, pretenden de esta forma legitimar el poder punitivo del Estado y seguramente utilizarán los sinónimos de “errores y excesos” cuando haya apremios ilegales, torturas, gatillo fácil o represión.

Zaffaroni por su parte nos habla de que hay que reducir el poder punitivo del Estado, porque no soluciona nada (aunque no tiene tapujos en ser el Presidente de la reaccionaria CSJN, y sostener que hay que bajar la edad de imputabilidad). Es verdad, son los más reaccionarios los que siguen sosteniendo que con mano dura y penas más fuertes puede reducirse el “delito”.

Pero Zaffaroni se queda corto, porque hay que rechazar de cuajo el poder punitivo del Estado. Porque, el Derecho, como institución de un Estado de Clase, también es de Clase. Por tomar solo un caso: si una persona roba $200 de un almacén tiene tres tipos penales en los que encuadra su “conducta”: hurto si es sin violencia, robo si es con violencia o robo calificado si utiliza un arma; en cambio para la quiebra fraudulenta o el lavado de dinero hay una sola figura penal garantizando la impunidad y si falta tan solo uno de los elementos del tipo penal, no se configurar el delito.

Ni hablar de las leyes Blumberg que este gobierno votó, o de la nueva ley antiterrorista, que merecen un análisis aparte.

O sino, veamos el caso del artículo 194 del Código Penal (corte de ruta y obstrucción de la vía pública). Es un artículo pura y exclusivamente utilizado para criminalizar la protesta social. Cuando hay una movilización, que reclama por el cese de la contaminación minera, o denuncia despidos por poner ejemplos, los jueces utilizan este artículo para criminalizar. ¿O acaso alguien piensa que puede utilizarse contra el negocio de las carreras de autos? ¿O simplemente cuando un conductor detiene su vehículo en medio de la avenida porque siente un desperfecto en su auto? Claramente sería ridículo culpar al conductor, pero es claramente intencional culpar a los manifestantes para intentar (sin lograrlo claro) que desistan de su lucha.

Pero no se preocupen, seguro que ahora con la reforma del código penal de los K esto cambia….(je).

“Basta de reformas, la estructura esta podrida”

No son pocos los intereses del gobierno de legitimar “democráticamente” a las fuerzas policiales y la gendarmería que cuentan con decenas de miles de uniformados y se ocupan de todas las tareas de represión. Es la “fuerza” que intentará sostener la gobernabilidad. Los militares tuvieron que dejar de ser utilizados para esta tarea tras el sentimiento de rechazo que quedó después de la dictadura militar. (Aunque si hay algo que han intentado los K en estos años es reconciliarnos).

Para encontrar una respuesta a esto, vamos al marxismo. Es una necesidad para la “seguridad” del pueblo trabajador y la juventud la disolución de las fuerzas represivas. No hay “democratización” posible sobre una institución cuya naturaleza es ejercer el control social mediante la fuerza. Como decía Engels, en última instancia el Estado es un “destacamento de hombres armados”. Por eso nuestra lucha contra la impunidad, la represión y el gatillo fácil, es parte de la lucha contra este Estado de las clases dominantes, garantes de la opresión y explotación.

Enrique (Derecho UBA) y Celina (Derecho UNLP)

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

El 10 de Mayo, vamos con la Bordó en toda la Alimentación para hechar a Daer y recuperar el STIA y nuestras conquistas

El 10 de Mayo, vamos con la Bordó en toda la Alimentación para hechar a Daer y recuperar el STIA y nuestras conquistas

Deja un comentario

mayo 2, 2012 · 22:45